Guatemala, irreconocible | EL PAÍS América

Tantas cosas han cambiado en Guatemala desde las elecciones del 25 de junio en que el candidato anticorrupción de centro izquierda, Bernardo Arévalo, pasó sopresivamente a la segunda vuelta electoral y luego ganó la Presidencia, que resulta casi irreconocible.

Por estos días, los más encumbrados empresarios se encuentran discretamente, al amparo de la embajada de Estados Unidos, con dirigentes indígenas. Eso, en un país segregado de hecho, refleja un cambio. Estos líderes indígenas han puesto a la defensiva a la poderosa alianza oficialista que domina todas las instituciones nacionales y por medio de ellas procura revertir los resultados electorales. Los líderes mayas se han convertido súbitamente en dirigentes nacionales de la protesta contra el intento de desconocer los resultados electorales. Han pasado a ser la inspiración, aunque también el azote, de muchos guatemaltecos. Habitantes de zonas populares de la capital de Guatemala y habitantes de las áreas rurales más remotas les reconocen como los motores de la protesta.

Han sido las autoridades mayas de las principales organizaciones comunitarias de origen ancestral, encabezadas por la organización 48 Cantones de Totonicapán, quienes iniciaron y encabezan el movimiento, activo ya durante dos semanas, para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Cada esfuerzo por desmotivar la protesta de quienes apoyan a Porras (impopular 9 a 1, según dos recientes encuestas de opinión) ha resultado fallido.

La máxima Corte del país, integrada sólo por partidarios de la alianza oficialista, ordenó a pedido de la fiscal el desalojo de quienes demandan la renuncia frente a la sede del Ministerio Público. Los magistrados conminaron a la Policía y al propio Ejército, so pena de destituir a sus responsables, a despejar el sitio en seis horas.

Pero no hizo falta que los militares ni los policías, quienes se muestran poco dispuestos a confrontar a la población subvertida, arriaran sus porras. Una serena negociación de autoridades y líderes indígenas ante el procurador de Derechos Humanos (otra pieza de la alianza oficialista), permitió abrir un espacio para el ingreso al edificio desde donde antes despachaba la fiscal general. Ella, sin embargo, no ha querido volver a su escritorio, en el piso octavo, desde el cual se escuchan los incesantes llamados a que renuncie.

Miles de personas procedentes lo mismo del norte del país que de regiones cercanas a la capital, caravanas de mototaxis, comerciantes de los mercados capitalinos e incluso vecinos de zonas con el mejor poder de compra en la ciudad se han sumado a exigir su renuncia. En los últimos días, después de las primeras diez jornadas de bloqueos en toda la red vial que llegaron a sumar 120 cada mañana y paralizaron el país en la práctica, las protestas han evolucionado hacia fiestas callejeras, con bailes y canciones alusivas a la exigencia de la renuncia de la Fiscal, caravanas de vehículos que marchan a la velocidad mínima para entorpecer sin bloquear el tráfico, festivales de arte en plazas y parques y manifestaciones al final de la tarde en las cuales se entona el himno.

Y todo le sale mal a quienes procuran desincentivar la protesta.

El ataque de gatilleros en Ocós, un municipio fronterizo con México, contra un bloqueo de carretera fue rápidamente documentado por vecinos de la zona con imágenes digitales que pronto reconocieron el número de placa del vehículo en que viajaban los sicarios como uno de los que utilizó el alcalde electo por el partido oficialista en ese lugar para hacer campaña.

Vecinos de la Antigua Guatemala identificaron a la supuesta pareja del presidente, un joven ingeniero, Miguel Martínez, en una ceremonia religiosa en la ciudad. Martínez tuvo que ser protegido y escoltado por la Policía, mientras los vecinos vituperaban y agredían con palos y piedras a él y a su familia. En cuestión de minutos, estaba documentado en las redes sociales que el vehículo usado para evacuar a Martínez era propiedad de una empresa que, durante el actual Gobierno, ha pasado a contratar más de US$12 millones con el Estado.

La corrupción rampante, el enriquecimiento de diputados oficialistas y el entorno del presidente generan la indignación de los manifestantes que han llegado al edificio con apartamentos de 330.000 dólares a donde fueron a vivir los tres hijos del gobernante tras su llegada al poder.

Los oficialistas, por su parte, anuncian que la Fiscalía de Porras está a punto de presentar el caso que demostraría un fraude a favor de Arévalo. Para lograrlo, ha allanado la sede del Tribunal Supremo Electoral, lo cual motivó la exigencia de renuncia de la Fiscal.

La dirigencia indígena, ni la mayoría de la población mestiza, acepta la posibilidad del fraude.

Guatemala cuenta con un sistema electoral administrado el día de los votaciones por ciudadanos voluntarios que entregan, reciben y contabilizan los votos. Cualquier reclamo de fraude es fácilmente contrastable con las actas que los representantes de las mesas de votaciones guardan en sus teléfonos y en la nube digital.

Quienes propugnan por desconocer el triunfo de Bernardo Arévalo y repetir las elecciones (sin permitirle a su partido participar) chocan de frente con las autoridades ancestrales que han convocado a una muralla de manifestantes, nada dispuestos a esperar de brazos cruzados a que las cortes amigas del poder decidan por ellos.

Guatemala, encabezada por las autoridades indígenas, rechaza que la fiscal Porras trate de arrancar el triunfo electoral a quien lo ha obtenido.

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