UE: Alemania pide explicaciones a Polonia por un caso de venta masiva de visados a migrantes que Bruselas ve con preocupación | Internacional

Un escándalo de venta de visados que amenaza con agriar las ya tensas relaciones diplomáticas entre Berlín y Varsovia ha puesto en guardia a la Comisión Europea. Bruselas afirma estar muy preocupada por las ramificaciones de un sistema que supuestamente permitió a 250.000 migrantes obtener visados de trabajo válidos para moverse por toda la UE. Las acusaciones contra el Gobierno polaco de complicidad en un sistema de sobornos en embajadas y consulados de este país no solo está agitando la reñida campaña electoral polaca, sino también las relaciones con sus socios europeos. Varsovia ha acusado al canciller alemán, Olaf Scholz, de tratar de interferir en los comicios, que se celebran el próximo 15 de octubre.

Scholz pidió explicaciones al Ejecutivo polaco el sábado durante un mitin en la ciudad bávara de Núremberg: “No quiero que a quienes llegan de Polonia les dejemos pasar sin más, y que después tengamos un debate aquí sobre nuestra política de asilo”, dijo, en referencia a la presión que el Gobierno federal recibe de municipios y Estados federados, además de la oposición, para poner límites a la inmigración ilegal. Lo que ha enfurecido a Polonia es el gesto público del canciller, porque hasta ahora se habían dado otros pasos, más discretos. Berlín ha convocado al embajador polaco y la ministra del Interior, la también socialdemócrata Nancy Faeser, se reunió con su homólogo polaco para tratar el tema.

Alemania, inmersa en su propia crisis migratoria, sigue con enorme interés las informaciones que publica la prensa del país vecino sobre un caso que, en palabras del presidente de la Auditoría Nacional polaca, Marian Banas, podría ser “uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Polonia”. En el centro de la investigación, que se ha cobrado ya dimisiones y despidos, se sitúa una red diplomática que presuntamente llevaba años vendiendo de forma ilegal miles de visados válidos para el espacio Schengen a través de las legaciones de varios países asiáticos y africanos. El caso ha impactado de lleno en la campaña, con el líder de la oposición, Donald Tusk, acusando directamente al Gobierno de Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco) de connivencia con la red de venta de permisos de trabajo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, ha acusado al canciller de interferir en los comicios, que tienen en la inmigración uno de los principales temas de cara a la cita con las urnas el 15 de octubre: “Las competencias del canciller alemán claramente no incluyen los procedimientos en curso en Polonia”, escribió Rau en la red social X (antes Twitter) a última hora del domingo. “Las declaraciones en este sentido indican un intento de interferir en los asuntos internos del Estado polaco y en la campaña electoral en curso”. Y añadió: “En nombre de las buenas relaciones bilaterales, hago un llamamiento al canciller alemán para que respete la soberanía de Polonia y se abstenga de hacer declaraciones que dañen nuestras relaciones mutuas”.

Presión al Gobierno de Scholz

En su petición de aclaraciones al Gobierno polaco, Scholz había sugerido que su país podría tomar medidas relacionadas con los controles fronterizos con Polonia. Hace semanas que Alemania discute la necesidad de implantar controles fijos en la frontera de más de 1.000 kilómetros que tiene con Polonia y con la República Checa. En los últimos meses, ha aumentado exponencialmente el número de entradas irregulares por la frontera Este de migrantes, sobre todo sirios, que no traen documentación de otros países europeos y que piden asilo al poner un pie en Alemania. Con las capacidades de acogida al límite, la presión sobre el Ejecutivo de Scholz aumenta. Los länder, los municipios, la oposición y hasta los partidos con los que forma la coalición de Gobierno exigen poner algún tipo de límite a la entrada descontrolada de nuevos demandantes de asilo.

A la tensión contribuye el escándalo de los visados polacos, porque el destino final de muchos de los migrantes que los compraron no era Polonia, sino Alemania y otros países europeos. Los permisos de trabajo permiten a estas personas la libre circulación por todo el espacio común sin fronteras de Schengen. Bruselas, por su parte, insta también al Gobierno de Varsovia a que aclare el escándalo de corrupción y actúe de inmediato para salvaguardar el espacio Schengen.

La Comisión Europea envió hace unos días una carta al Gobierno polaco con una lista de 11 preguntas para evaluar el alcance del caso y su impacto en la seguridad de la UE. La carta, de la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, al ministro Rau, fechada el 19 de septiembre, también advierte a Varsovia de que podría estar violando la legislación de la UE al entregar de forma irresponsable visados que permiten la entrada en la UE a ciudadanos extranjeros.

El escándalo estalló exactamente un mes antes de unas elecciones generales cruciales, en las que el partido nacionalista Ley y Justicia se juega la continuidad con un inédito tercer mandato. El Ejecutivo polaco presume de mano dura contra la inmigración. En los últimos tiempos ha construido un muro a lo largo de la frontera con Bielorrusia para impedir el paso ilegal de personas a Polonia y suele criticar la política migratoria de la UE. Con esas credenciales, Tusk —que ha bautizado el caso como “el mayor escándalo del siglo XXI en Polonia”— ha visto un filón para desprestigiar al Ejecutivo de Mateusz Morawiecki. Según la prensa polaca, sus funcionarios en consulados de todo el mundo concedían visados a cambio de sobornos que oscilaban entre los 1.000 y los 5.000 euros. El número total baila, pero se habla de unos 250.000.

A finales de agosto, cuando el escándalo apareció por primera vez en los medios de comunicación, aunque todavía se desconocía su dimensión, Piotr Wawrzyk, viceministro de Asuntos Exteriores y encargado de asuntos consulares, fue destituido. La agencia anticorrupción polaca registró su oficina durante una redada. Poco después se conoció el despido del jefe del departamento jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jakub Osajda, y la detención de al menos siete personas. El ministerio canceló todos sus contratos con empresas externas para ayudar en la tramitación de visados. En un comunicado, el Gobierno intentaba culpar a un exministro de Exteriores de la oposición, Radoslaw Sikorski.

El Ejecutivo asegura que el caso está controlado y le resta relevancia. “No hay ningún problema de inmigrantes ilegales en Polonia”, ha declarado Morawiecki, que culpa a Tusk de “intentar crear una falsa realidad alternativa” y de tratar de sacar provecho político del caso. “Hemos detectado irregularidades en varios cientos de visados —repito, varios cientos de visados— en el marco de nuestros procedimientos de inspección. Los servicios polacos han tomado las medidas oportunas y se ha identificado a los sospechosos de violar la ley”, ha insistido.

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