Papeles de Cascos | La Fiscalía planteó tres años y medio la petición de cárcel par Francisco Álvarez-Cascos

El Ministerio Fiscal elevó a 181.648 euros el dinero de Foro del que presuntamente se apropió indebidamente el que fuera fundador del partido

Los llamados «papeles de Cascos», las nueve cajas que contienen documentación relativa a las empresas vinculadas al exministro del PP y exfundador de Foro y cuyo contenido ya fue revelado por LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ya han tenido consecuencias. La Fiscalía ha decidido elevar a tres años y medio la petición de cárcel par Francisco Álvarez-Cascos (inicialmente eran dos años), por debajo del importe que consideraba que fue apropiada indebidamente por el político y abre una investigación, incorporando nuevos argumentos de cara al proceso abierto por Foro Asturias y que se sustanciará en un juicio previsto para los próximos 31 y 1 de mayo. La Fiscalía indagará si en las nuevas pruebas aparecen índices de otros delitos de apropiación indebida, administración desleal o corrupción en los negocios. Por hacer, el Ministerio Fiscal informa que “otros hechos relacionados en la documentación recibida no serán objeto de investigación al estar prescritos”. Precisamente, la denuncia original contra Cascos fue formulada por los actuales dirigentes del Foro Asturias, tras la llegada de Carmen Moriyón a la presidencia del partido. Aquella investigación interna terminó con la expulsión del que fuera presidente del Principado del partido que él mismo impulsó.

Se produce la modificación del escrito de acusación tras valorar las nueve cajas que fueron remitidas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde habían sido depositados por un particular, representante de una fundación. Además del nuevo escrito de acusación, el Fiscal añade un apartado más al relato de hechos reflejado en sus primeras conclusiones provisiones, eleva a 181.648,92 euros la suma total del dinero que considera que el acusado presuntamente incorporó a su patrimonio y Eleva tiene 3 años y 6 meses de prisión por petición de condena por un delito continuado de appropriation indebida.

Al margen de esta ampliación, el Fiscal Coordinador de Delitos Económicos, Gabriel Bernal del Castilloha incoado «nuevas diligencias de investigación preprocesal» para determinar si, de otra parte del contenido de las cajas recibidas, «podría deducirse la comisión de un nuevo delito de apropiación indebida, administración desleal o de corrupción en los negocios». responsable del Coordinador Fiscal y fiscal integrante de la Sección, Enrique Valdés-Solís, quien se ha hecho cargo del expediente gubernativo incoado por la Fiscal Superior, María Esther Fernández García, tras la recepción de los casos y de las diligencias de investigación auxiliar desarrollados.

Una «oferta profesional» para liderar un partido

El escrito nuevo de acusación del Ministerio Fiscal, se refiere que cuando se fundó Foro Asturias, los entonces directos del partido hicieron una «offerta profesional” a Álvarez-Cascos para liderar el partido. Esta «offerta» incluye una retribución a cambio de dedicación exclusiva , facilidades para mantener su residente en Madrid y ejercer el régimen de visitas a sus hijos (lo que consiguió alojamientos en Asturias, desplazamientos con o sin conductor, gastos inhérencees al desplazamiento, etcétera) y capacidad decisoria plena sobre la actividad política y económica del partido Pero Fiscalía destaca que «esta oferta económica en ningún caso tuvo gastos de carácter personal, gastos de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni gastos de comidas no relacionados con la actividad política».

Por escrito, la Fiscalía refiere que el sistema de control de gasto en Foro (que no tenía tesorero desde su origen) se basó en «criterios de confianza y responsabilidad personal», aunque las cuentas del partido se fiscalizaban por el Tribunal de Cuentas (que revisaba los aspectos de mayor envergadura pero no el sistema de gastos). Non había, resume Fiscalía, un sistema de «supervisión de la oportunidad o corrección del gasto», y simplemente se gestionaba formalmente.

Para el Ministerio Fiscal, Los Cascos eran «plenamente conocedor de este sistema de pagos de los justificantes que remitía»; y de él “se responsabilidad” para «Cargar al partido una serie de gastos no relacionados con su actividad política, de carácter personal, propio o de sus familiares, utilizando los recursos del partido como propios”

Así, según se refiere literalmente Fiscalía, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, Álvarez-Cascos cargó a las cuentas del partido gastos de carácter personal, no relacionados con su actividad política, que suman en su totalidad la cantidad de 7.793,22 euros. Entre ellos, gastos de procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y procurador por asunto personal; psicotécnico; zapatos, gastos de cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de un familiar; pedidos de comida a domicilio particular hay varios familiares; un juego de videoconsola; Billetes AVE; entradas para la Copa Davis, para el Museo Thyssen y para el Museo del Prado; una cama completa, compuesta por colchón, patas y sofá, además de una moqueta, tapicería y visillos; o gastos de restaurantes en localidades de veraneo, hamburguesería y pizzería.

Pero Fiscalía también reconoce al hilo de la documentación de «los papeles de Cascos» que Cascos «de facto management» una empresa con su entonces mujer, María Porto, con la que alquilaba oficinas a empresas, algunas de ellas asturianas, y también a su propio partido. Cascos, «con la finalidad de recibir unos ingresos adicionales a los que recibieron del partido, ideó la formalización de un contrato de arrendamiento de una farmacia de ficticia para documentar el pago de unas cantidades en concepto de renta del alquiler», refiere Fiscalía. Y además señala que «para evitar cualquier control sobre el mismo, lo hizo a escondidas de la comisión directiva del partido».

Fruto de estos contratos fictitios, Foro suscribió a Álvarez Cascos 173.855,70 euros. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida por lo que pide que se condene al exministro y expresidente del Principado aa 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivodurante el tiempo de la condena y abono de las costas procesales. Y también, esa compensación a Foro Asturias con los 181.648,92 euros por el dinero apropiado, más los intereses legales correspondientes.

Investigación sobre el pago de otras empresas

Pero además, la Fiscalía del Principado de Asturias ha incoado unas diligencias de investigación preprocesal para determinar si, de parte de la documentación enviada a Fiscalía, podrían deducirse índices de un nuevo delito de apropiación indebida, administración desleal o corrupción en los negocios. En términos concretos, se refiere a si la sociedad que las sociedades realizaron en sociedad de la sociedad que será titular de la exesposa de Álvarez-Cascos y que la gestión será delictiva. En concreto al no responder a una prestación real y efectiva de servicios. Por el momento, la Fiscalía indaga si esos abonos respondieron a prestaciones reales de servicios profesionales o nopor lo que aún es “prematuro” atribuir «la condition de sospechosa a persona o personas determinadas».

La indagación sobre venta de las obras de arte, prescrita

En relación con el resto de información de las nueve cajas, la Fiscalía realizó investigaciones sobre otras operaciones, para ver si se podía sospechar delitos de cohecho, corrupción en los negocios o administración desleal. Pero el archivo a considerar prescrito. En concreto, estas diligencias se referirán a las cuestiones posteriores.

• Venta de obras de arte de la sociedad de Porto a empresas constructoras que fueron adjudicatarias de obras del ministerio de Fomento.
• Facturación de servicios a administraciones públicas o entidades que podrían ser beneficiarias de otras gestiones.

Respecto a las ventas de obras de arte, Fiscalía cree que «no hay duda» de que las operaciones fueron reales, pero «al haber tenido una relación política y comercial con el ministerio de Fomento, se trataría de hechos que, si se acreditase un beneficio fuera del mercado, podrían dar lugar a la consideración de un pago en relación con adjudicaciones anteriores, que en su caso serían constitutivas de un delito de cohecho”. al haber transcurrido más de diez años de la operación.