«No queremos darnos cuenta» y la necesidad de reformar la ley de enajenación

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresó con firmeza que “no queremos que nos comportemos así” y reiteró la urgente necesidad de modificar la Ley de Extranjería para aplicarla a los menores inmigrantes internacionales obligatorios en todas las comunidades autónomas. Este cambio se considera un paso crucial para mejorar las condiciones de estas personas y garantizarles un apoyo más humano y adecuado.

Apoyo político y urgencia

Torres se mostró entusiasmado porque “sólo hizo falta que el PP dijera que sí”, porque el tiempo apremiaba. Con el apoyo del Partido Popular, el nuevo plan de emergencia para el acompañamiento de estos menores sería «inmediato e inmediatamente aplicable». Esta colaboración entre partidos es esencial para acelerar la implementación de medidas que puedan mejorar la situación de los niños inmigrantes.

Implicaciones del Decreto Ley

La ministra ha explicado que, de haberse aprobado el decreto ley para la acogida de menores extranjeros en las comunidades autónomas, los movimientos se podrían haber iniciado en las próximas semanas. Sin embargo, advertí que si el decreto no era validado por los tribunales, los menos favorecidos se encontrarían en una situación de total inseguridad jurídica. En realidad, «tenemos el no de Junts» y «no tenemos el sí del PP», se quejó Torres, sosteniendo que «esa es la realidad». Esta falta de consenso político pone en riesgo la estabilidad y el bienestar de los menos afectados.

Consistencia y Solidaridad

Torres destacó la importancia de la coherencia entre las palabras y las acciones, señalando que si se quiere solidarizarse con las poblaciones vulnerables, “tienen una oportunidad” en el Congreso y el Senado de apoyar el cambio de la ley. No existe un «plan b» para solucionar este problema, porque es imprescindible adoptar todas las medidas necesarias para aprobar este cambio legislativo, dando lugar a una situación de «emergencia».

La ministra se mostró entusiasmada con el hecho de que se trata de «una población vulnerable» y que la única respuesta posible es la «solidaridad efectiva, real y viable» mediante la modificación de la Ley de Asuntos Exteriores. Cambiar esta ley no sólo mejoraría las condiciones de vida de los menores inmigrantes, sino que también reflejaría un compromiso genuino con los derechos humanos y la justicia social.

Fuerzas gubernamentales y colaboración regional

Torres también bloqueó los esfuerzos del Gobierno español para encontrar una solución al problema de la escasez de habilidades y dijo que había trabajado recientemente con el Presidente de las Islas Canarias para obtener una propuesta consensuada. Esta colaboración entre el Gobierno central y las autoridades autonómicas es fundamental para afrontar los retos que se avecinan para la atención de los menores inmigrantes de forma integrada y coordinada.

Compromiso de las Comunidades Autónomas

La jornada sectorial sobre la infancia y la adolescencia finalizó con el compromiso voluntario de las comunidades autónomas de acoger a 400 menores inmigrantes procedentes de Canarias y Ceuta, aunque no se obtuvo ningún acuerdo vinculante entre las comunidades. Este compromiso, si bien no es vinculante, representa un paso importante hacia la creación de un sistema de apoyo más equitativo, en el que todas las regiones del país tengan la responsabilidad de cuidar a los menos vulnerables.

Contexto internacional y relevancia

Este esfuerzo por modificar la Ley de Asuntos Exteriores y mejorar la acogida de menores inmigrantes en España se enmarca en un contexto internacional de creciente desplazamiento de personas debido a los conflictos, la pobreza y el cambio climático. La respuesta de España a este desafío puede servir de modelo para otros países que enfrentan problemas similares, demostrando cómo la solidaridad y la cooperación pueden ayudar a aliviar las crisis humanitarias.

En resumen, Ángel Víctor Torres subraya la necesidad imperiosa de modificar la Ley de Extranjería para proteger a los menores inmigrantes y garantizarles un apoyo digno. La colaboración política y el compromiso de las comunidades autónomas son esenciales para alcanzar este objetivo y demostrar una solidaridad efectiva con los más vulnerables.